El Consejo Fiscal Asesor de Uruguay (CFA) –creado por ley en el marco de la nueva institucionalidad fiscal– y convocado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), publicó este jueves su informe correspondiente a 2024, en el que realiza valoraciones sobre los resultados de las cuentas públicas, y también una evaluación sobre la aplicación de la regla fiscal en el actual período de gobierno.
El CFA es un órgano técnico, honorario, e independiente, que tiene como objetivos dotar de mayor transparencia al manejo de la política fiscal, así como velar por la sostenibilidad de las finanzas públicas. Tiene como integrantes a los economistas Alfonso Capurro, Ana Fostel y Jorge Roldós.
Con respecto al pilar 1, el RFE se ubicó en -3,7%, esto es 0,8 p.p. del PIB de desvío respecto a la meta de -2,9% fijada en la instancia de cierre fiscal 2023 (febrero de 2024).
Con respecto al pilar 2, la variación del gasto primario real del GC-BPS fue de 4,7%, por encima del tope asociado al crecimiento del PIB potencial estimado y vigente para 2024 de 2,8%.
Con respecto al pilar 3, el Poder Ejecutivo activó la cláusula de salvaguarda (mecanismo previsto en la ley 19.924) para ampliar el tope legal de endeudamiento, desde US$ 2.300 millones (RRCC 2022) a US$ 2.990 millones. El endeudamiento neto cerró en US$ 2.644 millones, habiéndose utilizado el 50% de la holgura permitida por la cláusula de salvaguarda.
Los motivos de incumplimiento de las metas
Según el CFA, se destacan los errores de pronóstico en la estimación de la inflación (para 2023 y su efecto de arrastre hacia 2024) y su impacto en la recaudación nominal de la DGI, así como la propia menor recaudación real del organismo.
“En ese contexto, si bien el gasto nominal se mantuvo en línea con lo estimado en la Rendición de Cuentas de 2022 (junio de 2023), la política fiscal se mantuvo pasiva a los desvíos estructurales de esa evolución adversa de la recaudación, evidenciando una mayor rigidez y menor capacidad de reacción en el año electoral”, dice el reporte.
En otra parte del informe, el CFA advirtió que el incumplimiento de las metas fiscales en 2024 “constituye una señal de preocupación ya que la posición fiscal estructural se mantiene alejada de un nivel consistente con la sostenibilidad intertemporal de la deuda bruta sobre PIB”.
Sobre ese punto, señalan que el resultado fiscal estructural primario, se deterioró 1,1 p.p. del PIB respecto a 2023 (ubicándose en -0,8% del PIB), alejándose de ese umbral de sostenibilidad y revirtiendo parcialmente la mejora alcanzada de 1,8 p.p. en los cuatro años previos.
Un ejercicio de carácter preliminar realizado por el CFA sugiere que el resultado primario estructural compatible con una trayectoria estable de la deuda se ubicaría entre 0,5% y 1,0% del PIB, en línea con la programación fiscal del Presupuesto 2020-2024 y con las proyecciones quinquenales del MEF, explican los economistas.
“Si bien el cociente de deuda bruta sobre PIB tendió a estabilizarse en torno a 57% entre 2021 y 2024, el CFA considera que en ausencia de mejoras en el resultado fiscal estructural primario, aún existen riesgos al alza para su trayectoria. Especialmente, dada la sensibilidad de este cociente a cambios de precios relativos y efectos de valuación en el corto plazo, unido a riesgos de tasas de interés internacionales elevadas y de crecimiento inferior al potencial en la última década, en un entorno internacional incierto”.
Activación de cláusula de salvaguarda
Con relación a la activación de la cláusula de salvaguarda para el tope legal de endeudamiento neto que dispuso el gobierno, el CFA manifestó estar en “desacuerdo con su activación” que fue motivada por “sustanciales cambios en precios relativos”.
“El CFA entiende que no es conveniente, desde un punto de vista institucional, la activación de la cláusula de salvaguarda en 2024 dado que la ambigüedad asociada a su justificación (“sustanciales cambios en precios relativos”) podría llevar, en el futuro, a invocaciones arbitrarias y frecuentes de la cláusula, lo que potencialmente desvirtuaría la naturaleza de un instrumento valioso como lo es una cláusula de escape para una regla fiscal”.
Además, indicaron que el cambio en precios relativos: no sería “sustancial” considerado desde una perspectiva histórica. En ese sentido, señalaron que “se conocía al inicio del ejercicio y al presentarse la Rendición de Cuentas de 2023 (junio de 2024), y por tanto, no debería ser considerado como un evento inesperado”. El informe añadió que las divergencias entre la inflación transable y no transable o entre la variación del IPC y el deflactor del PIB, comenzaron a revertirse en el segundo semestre de 2024.
El CFA subrayó que, “en un escenario de desvío significativo respecto al tope de endeudamiento neto inicialmente previsto por el MEF, también existía la alternativa de enviar al Parlamento una nueva ley para ampliar el tope legal de endeudamiento para el ejercicio 2024 en lugar de utilizar la cláusula de salvaguarda; siendo la primera, a juicio del CFA, la alternativa más conveniente”, según dice el documento.
Metas fiscales en 2025
El CFA considera que en un marco quinquenal móvil de proyecciones, la política fiscal en 2025 debería guiarse por los objetivos establecidos en la Rendición de Cuentas de 2023 (junio 2024). Esto supone que la meta indicativa de resultado fiscal estructural sea -3,0% del PIB. Respecto al tope de crecimiento al gasto primario real del GC-BPS sería 2,5%, en línea con la estimación del crecimiento potencial realizado por el MEF incorporando las proyecciones solicitadas al Comité de Expertos en mayo de 2024.
Presupuesto Nacional 2025-2029.
Sobre la programación fiscal del Presupuesto Nacional 2025-2029 el CFA señaló que es importante “no solo apuntalar el enfoque estructural de las finanzas públicas, sino también adoptar un criterio de prudencia a la hora de evaluar medidas de política económica con impacto permanente al alza en el gasto y/o a la baja en los ingresos”.
“En particular, considerando el escenario de riesgos y las lógicas incrementalistas del gasto público que, según la evidencia histórica, las diversas instancias presupuestales posteriores (rendiciones de cuentas) suelen presentar”, dice el informe.
Regla fiscal
El CFA concluyó que la regla fiscal fue “un avance significativo para la institucionalidad fiscal”, y que los incumplimientos de 2024, “si bien son preocupantes, no invalidan esos avances y reafirman la necesidad de continuar mejorando dicho marco, idealmente en la próxima instancia presupuestal”.
Y agregó que en materia de cambios institucionales se sugiere dotar de mayor independencia legal y operativa al CFA, así como incorporar dentro de sus cometidos el análisis de la sostenibilidad de la deuda y las proyecciones. El informe completo está disponible en el sitio web del MEF.
